Artículos recientes Artículos recientes Artículos recientes Artículos recientes Artículos recientes    
Consultoría Artículos recientes
Artículos recientes

Artículos recientes

Stieg Larsson

Artículo de EL MUNDO

 

Por qué EL PAÍS no debería haber publicado el artículo de Enrique Lynch

 

En primer lugar, porque el periodismo de calidad exige no sólo informaciones veraces sino también opiniones éticas; lo dice el Código Europeo de Deontología de la Profesión Periodística aprobado por unanimidad en 1993 en el Consejo de Europa. Como señala este Código, la ciudadanía tiene derecho y debería exigir a las empresas mediáticas una información veraz y unas opiniones éticas porque, como recoge la Constitución, dado que toda la ciudadanía tiene derecho a la libertad de expresión, no hay justificación alguna para que la exigua minoría de personas a quienes se les permite ejercer este derecho, hagan un uso perverso de él. Lo que viene a decir el Código Europeo es que no solo son sagrados los hechos sino que no es válida toda opinión (EL PAÍS, 31 de mayo de 2004).             

¿Qué entendemos por opiniones éticas en periodismo? Aquellas que buscan fortalecer la convivencia entre los seres humanos desde el prisma de la razón y el progreso; las que ayudan a la ciudadanía a entender el mundo que le ha tocado vivir y que aportan salidas y soluciones a problemas que mejoran no solo nuestra vida personal, sino la de la gente que nos rodea. Son opiniones éticas las que, al leerlas, la ciudadanía encuentra en ellas razones de peso para modificar opiniones y actitudes dañinas y asociales que, como mitos construidos, están instaladas en el imaginario social y no han encontrado apenas oposición legitimada hasta fechas recientes (en España, después de reformas parciales, en 2004 con la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género). Las opiniones de Lynch publicadas en EL PAÍS del 19 de noviembre no son opiniones éticas porque no ayudan a la sociedad a entender las raíces de la violencia que ejercen los hombres que se consideran superiores a las mujeres; todo lo contrario, culpa a las propias mujeres de lo que sólo son responsables este tipo de hombres.             

La segunda razón por la que EL PAÍS no debería haber publicado las opiniones, que no argumentos, de Lynch, es que van en contra de las leyes. Según el periódico (22 de noviembre pasado) los autores de artículos de opinión están amparados por la libertad de expresión siempre que los contenidos respeten las leyes y el Libro de estilo. Pues bien, es ir contra la Ley de Violencia de género promover y potenciar el odio contra las organizaciones de mujeres (¿quiénes son, sino, las feministas revanchistas?) cuyo “pecado” ha sido enfocar, desenmascarar y denunciar la ideología de los violentos; y así lo reconoce la Ley. Es tanto el resentimiento que destila el artículo a propósito de una simple campaña publicitaria erróneamente interpretada por el autor, que su sola lectura debería haberles alertado de su falta de argumentación, condición imprescindible para valorar un artículo de opinión. Las opiniones vertidas atacan la misma base de esta Ley, culpando a las mujeres de la violencia que padecen (a las madres que forman la masculinidad agresiva de sus vástagos, por una parte, y a las feministas revanchistas que promueven y luchan por la independencia de las mujeres, por otra; en palabras de Lynch que “lanzan a las mujeres al choque con machos ignorantes y brutales”). La Ley es muy clara desde el primer párrafo en donde se recoge que esta es una violencia que se dirige sobre las mujeres por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.              

Claro que son las organizaciones feministas y de mujeres las que pueden sentirse orgullosas de haber sido las pioneras en la lucha contra los que utilizan la fuerza para someter a las mujeres, y por ello son el blanco de sus iras, pero desde hace cinco años, con la Ley aprobada por unanimidad en el Congreso, es la sociedad en su conjunto quien es cada vez más consciente de que debe involucrarse para arrinconar y aislar a los agresores y a quienes los sustentan. Pero hay más, si se pide a la sociedad que se posicione contra estos delincuentes, con mucha más razón deben hacerlo los medios de comunicación, cuya función es ayudar a la ciudadanía a entender la realidad y a formarse su propio criterio (Libro de estilo de EL PAÍS). Por otra parte, no se debe olvidar que el artículo 13 de la Ley que comentamos obliga al cumplimiento estricto de la legislación en materia de protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, “con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social”.              

La tercera y última razón por la cual EL PAÍS no debería haber publicado el artículo que comentamos es que la mayor organización de profesionales del periodismo, la FAPE, en su Código Deontológico, exige a la profesión periodística someterse a determinados límites –la no vulneración de otros derechos fundamentales- cuando ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión. Creemos que, de la misma forma, quienes dirigen los medios deben ser exquisitamente exigentes y rigurosos en la selección de los artículos a publicar, especialmente aquellos que transmiten opiniones que pueden promover y alentar, en individuos peligrosos, la violación de derechos humanos de las mujeres tan fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya nadie admite leer en un periódico que se hable de “crimen pasional” al referirse a un caso de violencia de género, y me consta el interés y el cuidado de muchas y muchos periodistas para cubrir adecuadamente los hechos involucrados en este tipo de violencia. Como dice la Ley, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas y su libertad tiene que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización; no debemos dejar de destacar el pilar fundamental que deben jugar los medios de comunicación en este cometido.

 

Este no es un asunto de echar otra vez la culpa a las brujas e intentar quemarlas en la hoguera.  En España el proceso de desenmascaramiento de los violentos es ya irreversible (y en los 52 países en donde la Ley de Violencia de género es un referente, también) porque son amplios sectores sociales quienes se están empezando a dar cuenta de que no sirven las coartadas y el activismo de los violentos para seguir manteniendo el control sobre las mujeres porque es inmenso y demoledor el daño que hacen a las mujeres, a sus hijos e hijas y a quienes les rodean. Como personas preocupadas por mejorar la sociedad en que vivimos, en nombre de la libertad de expresión que nos reconoce la Constitución, debemos exigir a los medios de comunicación que sean rotundos en apoyar las leyes vigentes sobre la materia; dar pábulo a las posiciones reaccionarias y de odio contra las mujeres de quienes se niegan a perder sus derechos basados en la defensa arrogante y prepotente de sus intereses, además de terrible para ellas, es un signo de ceguera política imperdonable en los tiempos que corren.

 

 
 


 
 
 

Pilar López Díez © 2010